Bellas palabras nos dicen que vivimos en democracia y la opinión del pueblo soberano debe de ser respetada, siempre que no vaya contra las normas de convivencia y respeto. Pero, ¡hete aquí!, que la idea que tenemos los vecinos y una gran mayoría de los ciudadanos de Mahón no coincide en absoluto con una serie de actuaciones y manipulaciones que sobre el Puerto se están realizando. Acompañamos nuestro escrito con dos fotografías una de antaño para los que por suerte todavía recordamos como era nuestro puerto y otra reciente, botón de muestra de lo que está sucediendo en el momento actual .
La realidad es que existe un profundo divorcio entre vecinos -usuarios y ciertas actuaciones de Autoridad Portuaria (AP) que a través de la sinrazón y falta de justificación de sus acciones hiere de lleno nuestra fibra más sensible. Llevamos denunciando de forma repetitiva desde hace mucho tiempo los constantes ataques a nuestro medio ambiente y elementos patrimoniales de las zonas marinas de titularidad pública por actuaciones que sólo buscan incrementar un resultado económico (que por cierto no revierte en la isla).
Lo lógico sería que la defensa del patrimonio de todos fuera ejercida por una Administración Pública generosamente protectora, siendo los particulares los que intentaran arañar a su favor concesiones de lucro, pero, con Autoridad Portuaria parece que el mundo está al revés.
No pretendemos de ninguna manera cargar las culpas sobre los empleados de la susodicha Administración en el Puerto de Mahón, ya que su trabajo, ingrato la mayoría de las veces, es necesario para la buena administración y orden portuario. Ellos son la cara visible de decisiones que les vienen impuestas de fuera, y no tienen más remedio que acatar las directrices que emanan de órganos superiores. Son por tanto los entes decisorios de la AP de las Illes Balears, donde deben centrarse nuestras miradas cuando buscamos a los últimos y únicos responsables. Nos consta que nuestros representantes menorquines en el Ente, están en franca minoría, creemos que son sólo dos (Alcalde de Mahón y Presidente del Consell) de los veintisiete componentes de la Junta de Administración. Ello no les exime de responsabilidad ya que tienen voz y voto en estas macro asambleas o ponencias.
Ignoramos si ejercen adecuadamente como voz de sus representados (¡Cuánta falta de trasparencia en una administración supuestamente pública!) pero lo que sí sabemos es que su voto es tan minoritario que hace que su peso específico sea nulo. Sin embargo, esperamos de ellos que no se arruguen ante directivos, técnicos y funcionarios y que sepan defender a capa y espada lo que queremos sus representados, no es tan difícil, incluso se ganan votos. ¡Ánimos!
Nada que decir por el momento de la empresa concesionaria de amarres Ocíbar S.L., ella como es lógico persigue sacar el máximo beneficio al capital invertido y está en su perfecto derecho. Al parecer respeta precios y condiciones a las barcas pequeñas de cierta antigüedad, gracias a las estipulaciones pactadas por Autoridad Portuaria, un logro digno de agradecer.
Lo que no está claro es que AP de las Baleares vaya a permitir un uso comercial y de restauración al margen de la actividad principal que son los amarres. No es de recibo, por ejemplo, que la famosa casa denominada Venecia que es un bien público singular, que carece totalmente de infraestructuras sanitarias y que vierte al mar todas sus aguas sucias y otros desperdicios de más volumen, sea reciclada y convertida en “cantina” con el trasiego de gente que vendrá a por comida y bebida. Todo ello en contra de las normas urbanísticas municipales de “S’altra Banda”, aquí el divorcio ya es institucional, piensen que AP es soberana en su territorio. Al no ser contestadas las alegaciones que en su día se presentaron (¡qué falta de transparencia!) presumimos que la “conversión” se realizará sin más trámites y defensa posible, lo triste es que seguirán otras que recientemente han agotado la concesión.
Leemos en el Diario Menorca que el Consell Insular estudia un plan para proteger las casetas de vorera. ¿Será capaz nuestro presidente Insular a enfrentarse con la todopoderosa AP de Baleares?; más “vorera” que donde está Venecia, ninguna. ¿Cuantas varas de medir hay en nuestro Puerto?
En resumidas cuentas, desconocemos cómo se decide y lo más importante, no se sabe muy bien a quién pedir cuentas políticas de actuaciones que van manifiestamente en contra de los intereses de los mahoneses y menorquines en general, es como si nuestros bienes naturales estuvieran administrados por un ente abstracto, una nube intocable, que aparentemente sólo persigue maximizar recaudación a beneficio de no se sabe bien de quién.
A nuestro entender, la única solución sería que en cada Puerto del Estado en las Islas, los miembros decisorios fueran en su mayoría representantes de la localidad, principalmente en lo que afecta a territorio marítimo y medio ambiente, de esta forma hubiéramos evitado algunos de los desaguisados más sonados (Club Marítimo, Cala Figuera, expropiaciones, dragados vertidos de lodos en el mismo puerto, análisis superficiales y no contrastados o chiringuitos a pié de mar etc.).
Mientras no suceda esto nos sentiremos como históricamente siempre nos hemos sentido los menorquines, invadidos por gente extraña que persiguen fines que no son los nuestros. En resumidas cuentas, creemos humildemente que nos merecemos un trato algo más propio y democrático. Y por favor que alguien cambie el sistema, queremos seguir presumiendo de tener uno de los puertos más bonitos del Mediterráneo, no el más rentable.
